Más de 300 causas sobre delitos de lesa humanidad están estancadas en la Justicia uruguaya

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Bajo la consigna “La Justicia, cuando tarda, no es Justicia”, el jueves 26 de octubre se realizó una concentración en Montevideo.

Al menos 308 causas sobre delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Uruguay están pendientes de ser revisados, afirma el Observatorio Luz Ibarburu. Avanzan con especial lentitud las vinculadas a desapariciones, torturas y violencia sexual.

Bajo la consigna “La Justicia, cuando tarda, no es Justicia”, el jueves 26 de octubre se realizó una concentración en Montevideo, convocada por Denunciantes penales por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado y distintas organizaciones sociales. 

“A mi juicio, algunos jueces no están omisos pero están siendo demasiado considerados con algunos obstáculos”, dijo Diego Damián, de la Asociación de Familiares de Desaparecidos. “La Justicia tiene que organizarse. Están hablando ahora de que van a formar una fiscalía especializada para atender específicamente el tema de derechos humanos. Creo que no hay coordinación entre los jueces, resulta que nosotros tenemos que pasar una y otra vez por los juzgados a declarar cosas que ya fueron declaradas. La Justicia tiene que destinar gente, recursos y especializaciones”.

Por su parte, el coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera, criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad para un caso en Tacuarembó. Agregó que, a pesar que desde organizaciones sociales se denuncia que las causas por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura están estancadas, en realidad “es peor que eso, las causas van para atrás”. Para Olivera, la Justicia no avanza porque “hay impedimentos de carácter político; todos están tirando la pelota para adelante para que pase el tema”. “Todo el mundo está haciendo tiempo”, agregó.

No hay derecho 

“En octubre de 2011, un grupo de 28 mujeres, ex presas políticas, realizamos una denuncia penal por violencia sexual durante la dictadura. Nunca habíamos podido hablar del tema”, dice Lucía Arzuaga, de 59 años. “Nos llevó más de 30 años poder decir lo que nos habían hecho. Denunciamos a más de 100 personas, que en aquel entonces integraban el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Han pasado seis años. En este período ya fallecieron tres compañeras. (...) A pesar que denunciamos a más de 100 personas -oficiales, médicos, enfermeros, psicólogos y personal de tropas- sólo hay uno procesado. El Capitán Ascencio Lucero se presentó a declarar y dijo que era cierto todo lo que nosotras decíamos que nos habían hecho. Y que, además, todos los oficiales lo sabían. A pesar de esto, no fue procesado ni por violencia sexual ni por torturas. Fue procesado por reiterados delitos de privación de libertad”.

Este es uno de los testimonios relatados en la campaña #NoHayDerecho, hecha para visibilizar la situación actual de las personas cuyos derechos fueron vulnerados durante la dictadura. Estas 14 historias son una mínima parte de todos los delitos que siguen en silencio.

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