República Dominicana reclama aborto legal en casos de riesgo

Organizaciones médicas, académicas, feministas y sociales se manifestaron ante los diputados de República Dominicana para evitar otro crimen jurídico contra las mujeres: reclamaron que se excluya del Código Penal la pretendida penalización de la interrupción del embarazo en los casos de violación, incesto, riesgo de vida para la mujer o malformaciones del feto incompatibles con la vida.

República Dominicana es uno de los países de la región con mayores índices de muerte de mujeres relacionados con el embarazo o el parto: 106 muertes por cada 100.000 nacimientos, cuando el promedio de la región es de 77, según el informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De todas las muertes maternas, el 13% se produce a causa de los abortos clandestinos, según el Centro de Investigación Para la Acción Femenina (CIPAF). 

Pese a estas cifras, el Senado rechazó el pasado 31 de mayo las observaciones del Poder Ejecutivo al nuevo Código Penal, que pretendía despenalizar el aborto en las circunstancias mencionadas. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados, que lo remitió a su Comisión de Justicia. 

Por esta razón, el 25 de junio cientos de personas se manifestaron ante la Cámara Baja y declararon que la penalización del aborto “violaría la Constitución de la República y múltiples convenios y pactos internacionales firmados por el país para proteger los derechos sexuales y reproductivos y la dignidad de las mujeres". 

Arelis Ferrer, vocera del grupo, explicó que en el país se hacen cerca de 35.000 abortos al año. "La penalización del aborto en cualquier circunstancia conspira contra la integridad física y moral de la mujer", afirmó, y agregó: "Las mujeres pobres somos las que más riesgo corremos y a quienes se nos quiere condenar a la muerte en caso de que por circunstancias especiales tengamos que interrumpir un embarazo".

Por su parte, las organizaciones sociales agrupadas en la Coalición por la vida de las Mujeres enviaron una carta a la Cámara de Diputados en la que se advierte el peligro de establecer sanciones penales contra quienes participen en una interrupción del embarazo. Entre las instituciones firmantes se incluyen el Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA), el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), la Confederación Nacional del Campo (CONAMUCA), la Federación de Mujeres Campesinas de Villa Altagracia, la Federación de Mujeres campesinas de Bani (FEMUCABA), el Centro de Estudio de Género del INTEC, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), la Colectiva Mujer y Salud, la Articulación Nacional Campesina, Profamilia, la Federación de Mujeres campesinas de Elías Piña – FEMUCAEP, la Asociación Nacional de Servicios de Enfermerías (ASONAEN), la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, el Colegio Médico Dominicano, la Red de Periodistas con Perspectiva de Género y el Centro de Investigación y Apoyo Cultural (CIAC).