Bolivia amplía causales del aborto legal

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El nuevo Código del Sistema Penal obliga a los servicios públicos de salud a “precautelar la libre decisión, la salud y la vida de la niña, adolescente o mujer, y no podrá negar la interrupción del embarazo ni su atención integral en los casos previstos"

NOTA DE PRENSA

Gobierno de Bolivia promulga nuevo Código del Sistema Penal que amplía causales del aborto legal


La Paz (Bolivia), 18 de diciembre de 2017.- El Gobierno de Bolivia promulgó el 15 de diciembre una norma que amplía a nueve las causales del aborto legal en el país. Para las organizaciones de mujeres que integran el Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto, se trata de un avance importante en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres bolivianas.

El presidente en ejercicio de Bolivia, Álvaro García Linera, promulgó el Código como una apuesta para mejorar la aplicación de la justicia en el país, a pesar del rechazo de algunos sectores conservadores respecto a las nuevas causales del aborto contempladas en la norma. La medida fue aplaudida por organizaciones que reivindican el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y que realizaron un seguimiento permanente de la temática, durante su discusión en el Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. 

En criterio de Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, organización que forma parte del Pacto Nacional, “es fundamental avanzar en la normativa para el reconocimiento de esta problemática y tener una mirada más amplia sobre la misma; ello también permitirá responder con políticas públicas”.

Las nuevas causales, contempladas en el parágrafo V, numeral 1, del artículo 157 del nuevo Código del Sistema Penal, establecen que el aborto no será delito durante las primeras ocho semanas de embarazo y en las siguientes circunstancias: cuando la mujer sea estudiante o tenga a su cargo personas adultas mayores, con discapacidad u otros menores consanguíneos o no; en caso de malformaciones fetales incompatibles con la vida; si el embarazo es consecuencia de una reproducción asistida no consentida por la mujer; y cuando la embarazada es niña o adolescente.

Estas disposiciones se suman a las ya existentes en el antiguo Código Penal, donde el aborto sólo estaba permitido en caso de violación, estupro o incesto y peligro para la salud integral de la mujer.


Mujeres en riesgo

“En Bolivia, el aborto es una práctica cotidiana”, advierte Novillo. “Debido a que está criminalizado en el país, las mujeres están condenadas a recurrir a servicios clandestinos; en el caso de las mujeres pobres, ellas acuden a lugares insalubres que ponen en riesgo su vida, engrosando los datos de mortalidad materna”.
El aborto en Bolivia es la tercera causa directa de mortalidad materna. Se estima que cada día se realizan entre 185 y 200 abortos en condiciones de inseguridad. A su vez, alrededor de 115 derivan en complicaciones de salud para las mujeres, de acuerdo con fuentes oficiales.

Para el Pacto Nacional, la solución de esta problemática pasa por despenalizar el aborto, vale decir, separarlo del Código Penal boliviano. “Eso ni siquiera se está discutiendo, pero hubiese sido una oportunidad para hacerlo. Sin embargo, con la ampliación de las causales se ha dado un importante paso”, afirma Novillo.

“La promulgación de la norma –acota- debe ser acompañada con políticas de salud sexual y reproductiva para asegurar a las mujeres condiciones para acceder a educación sexual desde tempranas edades, consejería, acceso a anticonceptivos gratuitos, efectivos y modernos, y a abortos seguros de acuerdo con los casos previstos por ley”.

El nuevo Código del Sistema Penal obliga a los servicios públicos de salud a “precautelar la libre decisión, la salud y la vida de la niña, adolescente o mujer, y no podrá negar la interrupción del embarazo ni su atención integral en los casos previstos (…)”.

En enero de este año, el proyecto de ley ingresó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia que realizó la socialización masiva del mismo entre decenas de instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil. A mediados de noviembre, Diputados concluyó el tratamiento en detalle de la norma y la envió a la Cámara de Senadores para su revisión. El 14 de diciembre, esta instancia legislativa la sancionó y un día después el Presidente la promulgó.