Gobierno peruano deja sin presupuesto a víctimas de esterilizaciones forzadas 

En 2015, el Estado peruano se comprometió a brindar servicio de asesoría legal y asistencia psicológica a las mujeres sobrevivientes de esterilizaciones forzadas perpetuadas durante el gobierno de Fujimori (1990-2000) a través del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO). En diciembre de 2017, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció que se cortaría con estos dos servicios.

“En la última reunión que tuvimos con el MIMP nos dijeron que no había presupuesto para seguir. Se supone que el gobierno está comprometido y debe continuar con los programas, pero al final nos han dejado en la nada”, declaró a Wayka Maria Elena Carbajal, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Lima Sur.

El MIMP destinó cerca de 3.8 millones de soles para el REVIESFO en 2016 y aumentó su presupuesto a más de 5.1 millones de soles en 2017, según documentos remitidos por el Ministerio. Sin embargo, en 2018 no se asignó dinero a esta causa, a pesar de que el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual solicitó el monto de 7.862.752 soles a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto mediante el Oficio N° 655-2017. 

El panorama es crítico: la suspensión del presupuesto para el REVIESFO pone en peligro el trabajo de capacitación realizado en los 46 Centros de Emergencia Mujer (CEM) de 22 regiones del país, que estaban habilitados hasta 2017 para atender a mujeres inscritas en el registro.

Según declaró Milton Campos, abogado de DEMUS (organización que litiga los casos de Mamérita Mestanza, Celia Ramos Durán y Victoria Vigo), la suspensión del acompañamiento psicológico que otorgaba el MIMP pone en riesgo la decisión de miles de mujeres víctimas de esterilización de judicializar o no sus casos.

“Hay mujeres que nunca hablaron y que han empezado a hacerlo, mujeres que estaban en proceso de aceptar su realidad y hacer parte a su entorno familiar para ser acompañadas y denunciar, pero ahora todo se ha truncado. Es una nueva forma de revictimización hacia las personas que han sido esterilizadas”, añadió.

Las organizaciones de víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno fujimorista han solicitado una audiencia ante la CIDH para que se revise si el indulto otorgado al dictador entorpece el compromiso del Estado de garantizar la investigación y sanción para autores de las esterilizaciones. Aún aguardan respuesta.